La Unión Europea (UE) ha establecido en los últimos años nuevas medidas para garantizar sus objetivos de política exterior y seguridad común, especialmente desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania. Entre ellas se encuentra la directiva sobre la definición de delitos y sanciones por vulnerar las restricciones de la Unión, una iniciativa que España tiene que aplicar y que agravará el régimen sancionador, pasando del carácter administrativo al penal.
- Para asegurar la efectividad de las sanciones, los Estados miembros deben transponer la ley europea, es decir, adaptar la norma a nivel nacional. En este caso, la transposición requiere cambiar el Código Penal.
La adaptación de España. El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de transposición de la directiva 2024/1226. El objetivo principal de esta normativa es reforzar el sistema sancionador español e incorporar la tipificación de delitos relacionados con el incumplimiento de medidas restrictivas impuestas por la UE.
- España se encuentra dentro de plazo para transponer esta directiva. El límite es el 20 de mayo de 2025, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea a Newtral.es vía solicitud de transparencia.
Cambios en el Código Penal. El anteproyecto aprobado en España para transponer la directiva de la UE supone modificar el Código Penal y entre los principales cambios destacan:
- Delito. Incumplir medidas restrictivas de la UE se tipificará como delito.
- Penas. Se prevé imponer penas de entre dos y seis años de prisión para quienes faciliten fondos o lleven a cabo operaciones económicas con países sancionados por la UE.
- Blanqueo de capitales. Se agravan las penas en los casos en los que los bienes se hayan obtenido incumpliendo una medida restrictiva de la UE.
- Personas jurídicas. Se establecen responsabilidades penales para las personas jurídicas, con multas que pueden ir desde el 1% de su valor de negocio total u ocho millones de euros hasta el 5% de su valor de negocio total o 40 millones de euros.
Además, se propone crear una comisión mixta de coordinación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que vele por la aplicación de estas directrices europeas.
Ley Orgánica. Según establece la Constitución en su artículo 81, hay determinadas materias que, por su importancia, requieren de una ley orgánica. Este tipo de leyes se caracterizan por una mayor exigencia en su aprobación parlamentaria, y el código penal es una de ellas.
- Para modificar una ley orgánica se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
- Referencias del Consejo de Ministros
- Nota de prensa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Directiva (UE) 2024/1226
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